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1325 - 1521
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Durante el periodo mesoamericano, diversos pueblos desarrollaron normas penales vinculadas con la religión, la autoridad política y la organización comunitaria. En el mundo mexica existían tribunales, jueces y sanciones para conductas como homicidio, adulterio, robo, traición y embriaguez.
Fuente de la imagen: TV Azteca
1428 - 1521
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Tras la formación de la Triple Alianza, el derecho mexica se aplicó en amplios territorios del centro de México. Las penas podían incluir muerte, esclavitud, restitución, destierro y castigos corporales, con diferencias según la condición social de la persona infractora.
Fuente de la imagen: Imperio azteca
1428 - 1521
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En México-Tenochtitlan funcionaba una estructura judicial jerarquizada, con jueces locales y tribunales superiores. El cihuacóatl y otros funcionarios revisaban asuntos graves, mientras que los procedimientos se apoyaban en testimonios, pruebas y registros pictográficos.
Fuente de la imagen: México-Tenochtitlan
1519 - 1521
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La conquista española alteró las instituciones penales indígenas y subordinó progresivamente las normas locales a la autoridad de la Corona. Aunque algunas prácticas comunitarias sobrevivieron, fueron reinterpretadas y limitadas por el derecho castellano y la jurisdicción colonial.
Fuente de la imagen: Conquista de México
1521 - 1821
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Las Siete Partidas de Alfonso X se convirtieron en una fuente fundamental del derecho castellano aplicado en la Nueva España. Sus disposiciones regulaban delitos, penas, responsabilidad, prueba y procedimiento, dentro de un modelo jurídico de raíz medieval.
Fuente de la imagen: Siete Partidas
1527 - 1529
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La Real Audiencia de México se estableció como tribunal superior de la Nueva España. Además de funciones administrativas y de gobierno, conocía causas criminales y actuaba como instancia central de la justicia colonial.
Fuente de la imagen: Real Audiencia de México
1542 - 1680
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Las normas promulgadas para los territorios americanos regularon la administración de justicia y la condición jurídica de los pueblos indígenas. La Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, publicada en 1680, sistematizó numerosas disposiciones aplicables en la Nueva España.
Fuente de la imagen: Leyes de Indias
1571 - 1820
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El Tribunal del Santo Oficio fue establecido formalmente en la Nueva España en 1571. Su jurisdicción se concentró en delitos contra la fe católica, como herejía, apostasía y blasfemia, y empleó procedimientos inquisitoriales hasta su abolición en el periodo constitucional.
1786 - 1821
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La Ordenanza de Intendentes reorganizó la administración colonial y modificó competencias de autoridades civiles y judiciales. Las reformas borbónicas impulsaron una mayor centralización del poder penal y administrativo de la Corona.
Fuente de la imagen: Reformismo borbónico
19 mar 1812 - 4 may 1814
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La Constitución de Cádiz introdujo principios como la legalidad, la limitación de la arbitrariedad y ciertas garantías procesales. Aunque su vigencia en Nueva España fue intermitente, influyó decisivamente en el constitucionalismo mexicano posterior.
Fuente de la imagen: Constitución española de 1812
22 oct 1814
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El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como Constitución de Apatzingán, rechazó prácticas penales arbitrarias y reconoció principios de legalidad y seguridad jurídica. Representó uno de los primeros proyectos constitucionales mexicanos.
Fuente de la imagen: Constitución de Apatzingán
27 sep 1821
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La independencia inició la construcción de un sistema penal propio. Durante las primeras décadas se mantuvieron muchas normas coloniales, mientras el nuevo Estado definía sus instituciones, competencias judiciales y principios de responsabilidad criminal.
4 oct 1824
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La Constitución de 1824 organizó la República federal y distribuyó competencias entre la Federación y los estados. Aunque no creó un código penal nacional, estableció el marco institucional para que las entidades federativas desarrollaran su legislación criminal.
Fuente de la imagen: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824
12 jun 1843
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Las Bases Orgánicas reorganizaron el Estado mexicano bajo un régimen centralista y conservaron la importancia de la legislación penal y procesal heredada. Su vigencia reflejó la inestabilidad constitucional que precedió a la codificación penal.
23 nov 1855
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La Ley Juárez suprimió fueros jurisdiccionales y limitó privilegios de tribunales especiales, especialmente los eclesiásticos y militares. La medida impulsó la igualdad ante la justicia y favoreció la secularización del sistema penal.
Fuente de la imagen: Ley Juárez
5 feb 1857
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La Constitución de 1857 fortaleció derechos individuales relevantes para el derecho penal, como la prohibición de leyes privativas, tribunales especiales y penas trascendentales. También consolidó garantías relacionadas con la detención, el juicio y la defensa.
Fuente de la imagen: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1857)
1869
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Veracruz promulgó uno de los primeros códigos penales mexicanos de la etapa nacional. Su elaboración mostró el avance de la codificación estatal y la transición desde la dispersión de normas coloniales hacia una legislación penal sistemática.
1871 - 1876
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Una comisión encabezada por Antonio Martínez de Castro elaboró el primer gran proyecto de código penal para el Distrito Federal y territorios federales. El trabajo incorporó influencias de la tradición española y de la escuela clásica del derecho penal.
7 dic 1871 - 1 abr 1872
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El Código Penal de 1871, conocido como Código de Martínez de Castro, fue promulgado para el Distrito Federal y territorios federales y comenzó a regir en 1872. Clasificó delitos, estableció penas y desarrolló reglas sobre tentativa, participación y responsabilidad.
1 abr 1872 - 30 sep 1929
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La entrada en vigor del código consolidó la codificación penal mexicana durante varias décadas. Su estructura influyó en numerosos códigos estatales y mantuvo un sistema de penas centrado en la prisión, la multa, la pérdida de derechos y otras sanciones.
5 feb 1917
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La Constitución de 1917 transformó el marco del derecho penal mexicano mediante garantías individuales, derechos sociales y reglas sobre la persecución de los delitos. Sus artículos sobre legalidad, prisión preventiva, sistema penitenciario y ministerio público siguen siendo fundamentales.
Fuente de la imagen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
5 feb 1917
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La Constitución de 1917 separó la función de investigación y acusación penal de la autoridad judicial y la asignó al Ministerio Público, auxiliado por la policía judicial. El cambio buscó limitar la concentración de facultades y modernizar la persecución del delito.
30 sep 1929 - 17 sep 1931
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El Código Penal de 1929 sustituyó al ordenamiento de 1871 e intentó incorporar ideas de defensa social y criterios más modernos sobre la personalidad del delincuente. Su aplicación fue breve debido a problemas técnicos y a la necesidad de una nueva revisión integral.
14 ago 1931
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El Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal fue publicado en 1931. Con múltiples reformas, se convirtió en la base histórica del actual Código Penal Federal.
1983 - 1984
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Las reformas de 1983 y 1984 modificaron instituciones relevantes de la parte general del código, incluyendo reglas sobre culpabilidad, tentativa, participación y sustitución de penas. Reflejaron una actualización doctrinal del sistema penal mexicano.
3 sep 1993
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La reforma constitucional de 1993 modificó reglas sobre detención, prueba y persecución penal. También redefinió elementos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, en un intento por ajustar el equilibrio entre seguridad y garantías.
31 dic 1994
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La reforma de 1994 fortaleció la autonomía y el papel constitucional de la Suprema Corte y modificó instituciones de seguridad y justicia. Su impacto alcanzó el control constitucional de normas penales y la organización de la procuración de justicia.
Fuente de la imagen: Suprema Corte de Justicia de la Nación
18 jun 2008
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La reforma de 2008 estableció la transición hacia un sistema penal acusatorio y oral. Introdujo principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, además de redefinir la prisión preventiva y los mecanismos alternativos.
10 jun 2011
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La reforma de 2011 reconoció los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, incorporó el principio pro persona y reforzó las obligaciones de todas las autoridades. Transformó la interpretación y aplicación del derecho penal mexicano.
5 mar 2014
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El Código Nacional de Procedimientos Penales unificó las reglas procesales penales para la Federación y las entidades federativas. Reguló la investigación, las audiencias, la acusación, los procedimientos abreviados, las salidas alternas y los derechos de víctimas e imputados.
Fuente de la imagen: Código de Procedimiento Penal de Chile
16 jun 2016
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La Ley Nacional de Ejecución Penal estableció reglas uniformes para la prisión preventiva, la ejecución de penas y la reinserción social. Reconoció derechos de las personas privadas de la libertad y reforzó el control judicial sobre la ejecución penal.
Fuente de la imagen: Defensoría Penal Pública de Chile
16 jun 2016
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Esta ley desarrolló un sistema especializado para adolescentes en conflicto con la ley, basado en derechos humanos, debido proceso, mínima intervención y reinserción social. Sustituyó enfoques predominantemente punitivos por medidas diferenciadas según la edad y las circunstancias.
18 jun 2016
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En junio de 2016 concluyó el plazo constitucional para que el sistema acusatorio oral operara en todo México. La implementación modificó la organización de fiscalías, tribunales, defensorías y policías, aunque su consolidación continuó enfrentando desafíos institucionales.
26 mar 2019
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La reforma constitucional de 2019 creó la Guardia Nacional como institución de seguridad pública de carácter civil. Su establecimiento incidió en la investigación y prevención del delito y reabrió el debate sobre la participación militar en tareas de seguridad.
Fuente de la imagen: Guardia Nacional de México
12 abr 2019
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La reforma de 2019 amplió el catálogo constitucional de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. La modificación generó un intenso debate sobre seguridad pública, presunción de inocencia, uso excepcional de la prisión y compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos.
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